SEMAPA presenta denuncia por atentado a la salud y otros dos delitos tras toma de Albarrancho

El Gerente General del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), Luis Prudencio, anticipó que se presentó una denuncia contra “autor o autores” por los delitos de “avasallamiento, atentado a la salud pública y daño a la propiedad privada”, tras la toma de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales en Albarrancho este martes.

“Lamentamos que utilicen a mujeres y niños para armar sus barreras y no deje ingresar a la Policía a proteger la propiedad de los cochabambinos. Están ocasionando daños a propiedad del estado. Están dañando los equipos de Albarrancho. Han retirado los pernos que sujetan los volantes y los han empezado a golpear”, dijo Prudencio.

Además, el Gerente de SEMAPA advirtió que esta toma de Albarrancho y el cierre de las válvulas pueden generar el colapso del sistema sanitario “porque los cárcamos están llenos y no se está pudiendo hacer el tratamiento adecuado (a las aguas servidas).

“Cómo SEMAPA hemos hecho la denuncia en la EPI sur para que se tomen las acciones necesarias porque están cometiendo el delito de atentado a la salud pública, avasallamiento y daño a la propiedad privada”, enfatizó.

Este martes algunos dirigentes de la OTB Primero de Mayo, luego de realizar una protesta en la plaza principal de Cochabamba, incitaron a sus bases a realizar la toma la Planta de Albarrancho.

SEMAPA recuerda a la población que, la Constitución Política del Estado (CPE) señala en el parágrafo I del artículo 20 que: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.

Además, que, el Código Penal Boliviano establece como delitos contra la salud pública a quien “cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad” o “realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”.

Por tanto, es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas. Cualquier acción para obstaculizar esta labor puede ser considerada como un delito.